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Claves legales para una educación inclusiva sin discriminación: Entrevista con Omar Acosta

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FeaturOmar Acosta Operador Psicosocial, Activista y Promotor en derechos humanos y discapacidad explica las herramientas legales que pueden garantizar el paso por las aulas sin discriminación ni etiquetas.

Arrancan las clases: qué hay que saber sobre discapacidad y el derecho a la educación
Un Activista y Promotor en derechos humanos y discapacidad explicó cuáles son las herramientas legales para garantizar el paso por las aulas sin discriminación ni etiquetas.

¿Quién define a qué escuela va a ir un niño o niña con discapacidad?, ¿puede negarse la entidad al recibimiento?, ¿hay cupo de personas con discapacidad en las instituciones? A esta altura del año, muchos padres y madres que estén por enfrentarse al mundo de la escolaridad se pueden estar haciendo estas preguntas. RED LITORAL consultó a Omar Acosta Operador Psicosocial y Promotor en derechos humanos y discapacidad, para dar estas respuestas y otras más relacionadas a la educación inclusiva.

En primer lugar, él Activista hizo hincapié en que las escuelas no pueden exigir un certificado de discapacidad para realizar adaptaciones curriculares, porque estas son cuestiones pedagógicas que cualquier estudiante, con o sin discapacidad, puede necesitar en algún momento.

“Las adaptaciones curriculares no deberían estar sujetas a un diagnóstico o un certificado de discapacidad. Lamentablemente las escuelas muchas veces se escudan en que el área de educación no les da recursos, no les financia apoyos, no tienen más docentes o accesibilidad edilicia, y promueven la certificación para que sean las obras sociales las que financien los apoyos o los ajustes razonables. Y todo eso puede ser cierto, pero cuando hablamos de educación inclusiva enmarcados en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ley 26378 ,no hablamos de diagnósticos, sino de la obligación del Estado de asegurar que se atiendan los requerimientos de cada estudiante, adoptando las medidas necesarias para que todos aprendan y participen en igualdad de condiciones”.
El activista hizo hincapié en que las escuelas no pueden exigir un certificado de discapacidad para realizar adaptaciones curriculares.

Por otro lado, el Operador Psicosocial puntualizó en la necesidad de dejar de ver la discapacidad como una cuestión médica. “El modelo social y el enfoque de derechos humanos que se plasman en la Convención no se basan en un diagnóstico de salud, sino en la condición de sujeto de derecho de cada persona y en las barreras sociales que generan la exclusión, y por lo tanto la discapacidad. Yo te puedo decir: «mirá tengo Tourette », y la verdad que no te dice nada que tengo Tourette. Hay un millón de pibes con el sindrome que tienen funcionalidades completamente diferentes. Lo mismo pasaría con alguien con Síndrome de Down o parálisis cerebral. El diagnóstico no te dice cómo o quién es alguien. Y son los docentes los que saben de educación y recursos pedagógicos y esos recursos deben atender a cualquier estudiante, tenga o no certificado de discapacidad. Suponer que el docente no es el profesional indicado para enseñar a una persona con discapacidad, o que la escuela común no es la escuela adecuada para una persona discapacidad, es un sesgo capacitista, es no comprender que la discapacidad es parte de la diversidad humana y que alojarla nos enriquece a todos como sociedad”. En esa línea Acosta, se refirió al artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que dispone que los Estados deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y aseguró que el planteo del tratado internacional de derechos humanos “es una crítica al sistema educativo”. “Lo que el artículo quiere dejar ver es que hoy estamos inmersos en un sistema que homogeniza, que normaliza, y no atiende a la diversidad de los estudiantes, generando barreras para la inclusión y excluyendo a muchos. Por eso, el objetivo del artículo 24 es promover que los Estados adecuen sus sistemas educativos de manera que la escuela común sea una escuela a la que pueden ir todos y donde se contemplen las necesidades de cada estudiante, tenga o no discapacidad”, enfatizó.
Los docentes y las obras sociales
Consultada respecto de uno de los problemas más frecuentes que pueden tener las familias a la hora de encontrar acompañamiento para sus niños o niñas dentro del aula debido a falta de docentes de apoyo a la inclusión que hoy existe, él Operador se refirió al rol de esa figura. “La realidad es que las prestaciones educativas establecidas por el Sistema de prestaciones básicas y que deben cubrir las obras sociales, no estuvieron pensadas para acompañar al estudiante cuerpo a cuerpo en jornada escolar, sino para realizar adaptaciones curriculares. Ese trabajo exige menos carga horaria y que la maestra a cargo del curso le anticipe los contenidos al docente de apoyo para que haga los ajustes que sean necesarios para que el estudiante con discapacidad acceda a los contenidos o pueda participar de una actividad”, dijo. Y en esa línea agregó: “Pero sucede en muchas escuelas les exigen a las familias que el niño o niña con discapacidad concurra con un acompañante sí o sí, más por una cuestión de comportamiento que por requerimientos pedagógicos, porque la docente de grado dice no dar abasto. Ahí las familias recurren a la obra social para dar respuesta a la institución educativa, y se suele enmarcar el acompañamiento como maestra de apoyo, lo que luego trae algunos problemas, por lo que paga el nomenclador esa figura, por las horas que cubre, etc.”

En muchas escuelas les exigen a las familias que el niño o niña con discapacidad concurra con un acompañante sí o sí.
Sobre este punto, el Promotor de Derechos agregó que las familias deben saber que la prohibición de ingreso a la institución educativa sin acompañante, la negación de matrícula o la expulsión del alumno por motivo de discapacidad o un motivo asociado a ella, la derivación a escuela especial, la reducción de jornada, la falta de accesibilidad o denegación de ajustes razonables, así como la negativa a entregar certificados y titulos, son actos que pueden ser considerados discriminatorios conforme la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y prohibidos por ley. “En algunos casos, con el reclamo ante la autoridad de educación, esas cosas se solucionan. Otras veces es necesaria una intimación legal al establecimiento o incluso iniciar una acción de amparo ante la Justicia, pero es entendible que las familias no siempre quieran llegar a esas instancias y que la elección de esa vía dependa de muchas variables, porque implica tensionar el vínculo con la institución en la que su hijo pasará mucho tiempo”, dijo.
La educación como un derecho
Como Activista en derechos humanos, Acosta afirmó que desde 2008, cuando Argentina ratificó a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a esta parte, se han logrado avances importantes. Y rescató a la movilización de la sociedad civil en 2016 que logró que el Consejo Federal de Educación adoptara la resolución 311/2016 sobre promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad, que es obligatoria para todas las provincias, y constituye una herramienta legal importante para garantizar la educación inclusiva, el sostenimiento y el egreso de los estudiantes con discapacidad de las escuelas comunes. “A mí me parece que aunque sigue faltando mucho para cambiar el sistema, ha habido avances importantes e incluso tenemos jurisprudencia garantizando el derecho a la educación inclusiva. Después, te diría que, por mi experiencia, incluso como familiar directo de un chico con discapacidad, el reclamo por el acceso a la educación inclusiva de un estudiante ayuda a los demás, abre el camino. Son muchas historias individuales que se unen en una lucha colectiva y que va logrando avances, aunque sea poco a poco. Lo que puedo decirles a las familias es que no se desalienten frente a las barreras, que no bajen los brazos, que se asesoren, porque hoy contamos con marco legal para remover los obstáculos y reclamar por el derecho a la educación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y en la misma escuela que los demás”, cerró. Omar tiene una cuenta en Facebook en la que permanentemente sube información sobre inclusión, discapacidad y derechos. Es Agrupación Discapacidad y Adultos mayores Entré Ríos.

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Nuevos aumentos para empleadas domésticas: montos por hora y categorías

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Convocada por el Gobierno, la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares ha establecido incrementos salariales para febrero y marzo, anunciando así los nuevos montos por hora para las empleadas domésticas.

Después de dos meses de espera en las negociaciones, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha confirmado los aumentos paritarios para las trabajadoras de casas particulares. Según lo acordado, recibirán un aumento del 20% en sus salarios de febrero y otro incremento del 15% en marzo.

Este acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre Omar Yasin, a cargo de la Secretaría, y representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además, en esta reunión, se fijaron los nuevos montos por hora mensuales luego de la confirmación del incremento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El último acuerdo paritario para las empleadas domésticas fue firmado en septiembre, estableciendo un aumento del 34% en tres tramos. Sin embargo, debido a los cambios de gobierno y retrasos en las reuniones, las definiciones sobre los nuevos incrementos se vieron demoradas. Por lo tanto, en febrero, estas trabajadoras percibieron el mismo salario que en enero, sin ajustes a pesar de la inflación acumulada.

Esta semana, finalmente se resolvió la situación, estableciendo los montos mensuales actualizados para marzo. Aquí están las categorías y montos correspondientes al mes de marzo

Estas categorías incluyen tareas como supervisión, cuidado de personas, tareas específicas, entre otras, y los montos varían dependiendo de si la empleada cuenta con retiro o no.

 

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Gremial

AGMER rechaza oferta salarial y convoca a paro para el lunes

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) ha decidido rechazar de manera contundente la última oferta salarial presentada por el gobierno del gobernador Rogelio Frigerio durante la mesa paritaria, en el congreso provincial realizado este jueves en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP), en Paraná.

Además de rechazar la oferta, AGMER ha anunciado su adhesión al paro de actividades convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Las resoluciones votadas en el congreso de AGMER son las siguientes:

.Ejecutar un paro de 24 horas en concordancia con las demandas de CTERA.

.Exigir al gobierno provincial una nueva propuesta salarial que supere la pauta inflacionaria antes del miércoles 28 de febrero, tomando como base el último sueldo percibido.

.Solicitar un aumento del código 029 y la apertura de una mesa negociadora que garantice un monto superior al actual en dicho código.

.En caso de no recibir una oferta que cumpla con estas demandas, convocar a un paro de 48 horas para los días jueves 29 de febrero y viernes 1 de marzo.

.Si las demandas son atendidas, convocar a asambleas el miércoles 28 y jueves 29, y a un congreso extraordinario el viernes 1 de marzo.

El gobierno provincial había ofrecido un incremento del 18% sobre los salarios de enero a los cuatro sindicatos docentes, quedando por debajo del índice de inflación del 20,6%. Además, propuso aumentar el adicional por traslado para los docentes que viajan entre ciudades para dar clases, así como pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales debido a la decisión del gobierno nacional de no asistir más a las provincias.

A pesar de la oferta gubernamental, los montos ofrecidos no han sido aceptados por AGMER, que argumenta la necesidad de una propuesta salarial que garantice el bienestar económico de los docentes.

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Concejo Deliberante otorga facultades a la intendente para abordar crisis del transporte público

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En la última sesión del Concejo Deliberante de Paraná, que abordó la necesaria adecuación de la tarifa del boleto de colectivo y la declaración de emergencia del sistema de transporte público de pasajeros, el Bloque de Concejales de La Libertad Avanza respaldó la propuesta del Ejecutivo municipal, votando a favor de ambas medidas. Durante el debate, el presidente de dicho bloque, Darío Báez, expresó su apoyo y reflexionó sobre la situación actual.

Báez manifestó su preocupación por la problemática del transporte en la ciudad, destacando las deficiencias del sistema y señalando las consecuencias de políticas erróneas de administraciones anteriores. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de brindar soluciones urgentes para los vecinos, quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares debido a las falencias del transporte público.

El concejal también comparó la situación con el reciente tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, argumentando que es crucial proporcionar al gobierno las herramientas necesarias para abordar los desafíos actuales. Criticó las prácticas políticas obsoletas que obstaculizan los avances y destacó la importancia de desnaturalizar esos acuerdos y negociaciones que no favorecen el interés público.

En consonancia con su postura, Báez subrayó que el bloque de La Libertad Avanza respaldará las facultades delegadas solicitadas por la intendenta, equiparándolas a aquellas negadas al Presidente de la Nación en el Congreso para garantizar la gobernabilidad.

En última instancia, Báez enfatizó la necesidad de acompañar estas facultades para agilizar los procesos de mejora del servicio de transporte, priorizando la pronta resolución del problema para el beneficio de los ciudadanos.

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