Desde la muerte de Eric Junco, varios medios locales solicitaron opiniones y comentarios sobre este violento episodio en el ámbito de la Dirección de Prevención y Custodia de Bienes del Estado del municipio, en el gabinete del intendente Enrique Cresto y en los despachos de la ministra de Gobierno de la Provincia, Rosario Romero.
Sin embargo, hasta el momento no hubo manifestaciones públicas sobre lo ocurrido por parte de funcionarios vinculados al municipio o el Gobierno de Entre Ríos.
“Nos conmueve lo que pasó. Es una vida que se pierde y a todos, como concordienses, nos duele. Preferimos no hacer declaraciones, principalmente porque respetamos el dolor de la familia. El Intendente está siguiendo el caso con mucha preocupación y confiamos en el accionar de la policía y la justicia”, eran, palabras más, palabras menos, las respuestas que, off de record, dejaban trascender en el ámbito municipal.
No obstante, en un medio local pudo confirmar en la tarde de ayer – por fuentes vinculadas al Gobierno Nacional – que el intendente local había puesto al tanto de lo ocurrido al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con quien ya venía trabajando en diferentes iniciativas conjuntas. Seguramente con la intención de darle celeridad a la ejecución de medidas que contribuyan a combatir el flagelo de la inseguridad en las calles y barrios concordienses.
Asimismo, colaboradores de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, confirmaron a este medio que “la Ministra está en contacto con las autoridades policiales en Concordia y con el Intendente, así como también con el gobernador Gustavo Bordet; con la lógica preocupación que reviste un hecho de estas características y, principalmente, evaluando las medidas a tomar para evitar la reiteración de este tipo de sucesos”.
Al respecto, desde las oficinas de Cresto solamente confirmaron que el Intendente había hablado con la familia de Eric para expresarle sus condolencias y acompañamiento, sin dar mayores detalles de lo tratado en las conversaciones con el ministro Fernández, con el gobernador Bordet, la ministra Romero y las autoridades judiciales.
Aún así, es de esperarse que en los próximos días las autoridades políticas e institucionales se pronuncien al respecto, habida cuenta que más allá de las detenciones y la investigación del crimen, hoy el reclamo unánime de la comunidad concordiense es la implementación de acciones concretas que garanticen la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
